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Ilustración para el periódico CNT del mes de Enero. [Kiko Makarro]
Ilustración para el periódico CNT del mes de Enero.
Kiko Makarro
http://www.cnt.es/periodico
DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA SALARIOS Y BENEFICIOS EN 2012-2013
La evolución de los salarios en el mundo
Salva
· Premià de Mar
A principios de diciembre se publicó el estudio de la OIT titulado Informe mundial sobre salarios 2012/2013, que hace un repaso bastante amplio sobre las tendencias de los últimos tiempos en materia salarial en el mundo. De este estudio podemos sacar una serie de conclusiones bien claras que han de hacernos meditar y analizar. La clase trabajadora ha perdido protagonismo en las últimas décadas -no solo a nivel de remuneración salarial- y por ello hemos de ser capaces de organizar y enarbolar un discurso que combata con alternativas la situación actual, dónde se ha tendido a perder capacidad de organizar y determinar el mundo laboral.
El informe hace hincapié -y bien lo sabemos nosotros como sindicalistas- que la crisis está sirviendo para acelerar aún más ese decaimiento de nuestras condiciones con rebajas de sueldo, peores condiciones, despidos cada vez más baratos y menores prestaciones sociales (paro y jubilación) o menos accesibles para la mayoría (en sanidad, copago o euro por receta). Como muestra, señalar que dentro de las economías llamadas desarrolladas en el período 2006-2011 los salarios reales han caído, debido a la unión de dos factores, su estancamiento y el aumento de precios. Si tomamos como referencia un período más amplio, del 2000-2011 vemos como la tendencia varía mucho entre continentes y países, ya que por ejemplo en el conjunto de Asia se dobló el salario promedio mensual, pero en China en particular se triplicó, lo que viene a significar un hecho de vital importancia a nivel mundial, esto es, el principio del fin de la mano de obra barata.
Queda clara pues una primera conclusión, que a raíz de la llamada crisis, la participación del trabajo en la riqueza generada está decayendo a pasos agigantados en los últimos años, y abriendo aún más la brecha entre capital y trabajo a costa de peores condiciones laborales, a todos los niveles, en todos los países. Bien sabemos que esa guerra ha sido continuada, y que las épocas de bonanza y crecimiento lo único que han conseguido es mitigar, maquillar y esconder las ansias capitalistas, que no han decaído, mientras que la combatividad, la unidad y la respuesta de la clase trabajadora ha sido tibia a nivel general. Esta tendencia va a ir en aumento tal y como muestra el estudio, por lo que hemos de ser capaces de hacer entender a los demás que quienes crean y producen riqueza somos la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras, por tanto, no sólo es lógico y razonable, sino justo que ese beneficio se distribuya de forma mucho más igualitaria y equitativa.
El primer factor de desigualdad es esa repartición entre capital y trabajo, en beneficio del primero, pues en el periodo de 1990 a 2009 en 26 de 30 países analizados de la OCDE, la presencia del factor trabajo decayó, pasando del 66 al 61%, incluso en China, que como decíamos triplicó de media sus salarios. Queda claro pues, que no es una novedad de los últimos años, sino un proceso continuado, como es fácil comprobar si atendemos a otros datos, tales como que los aumentos de productividad no han ido acompañados de aumentos proporcionales en los salarios. En Estados Unidos, desde 1980 la productividad por hora no agrícola aumentó un 90%, pero la remuneración lo hizo sólo un 26´7%, mientras que en Alemania, en el período 1990-2010 los salarios reales continuaron igual a pesar de que la productividad subiera un 22%. Según la OIT, desde 1999 en 36 países la productividad laboral promedio, aumentó en más de dos veces los salarios promedio en las economías más desarrolladas.
Otro factor que como trabajadores ha de hacernos reflexionar y que se ha venido gestando en los últimos tiempos, es la desigual distribución de estos salarios dentro de la clase trabajadora, pues si bien aquellos trabajadores más cualificados aumentaron sus remuneraciones un 7% de media, los menos cualificados bajaron un 12%, todo ello en base a un estudio realizado para 10 economías desarrolladas entre principios de los ´80 y 2005. Esta caída de la participación del trabajo sería aún mayor si quitásemos al 1% de las personas que más ingresan, lo que magnifica y da una idea aún más clara de esa desigualdad.
Esta debacle en los salarios, esta amplificación de la desigualdad en la distribución de la renta generada (tanto entre trabajadores y capitalistas como entre trabajadores más y menos cualificados) y esta pérdida de derechos laborales ha venido motivada por diversos factores a los que añadimos sus posibles soluciones.
Perspectivas, crítica y alternativas
El primero de ellos lo encontraríamos en los cambios y avances tecnológicos producidos en las últimas décadas, que han derivado en una cada vez menor necesidad de mano de obra poco cualificada, sustituida por maquinaria y tecnología más desarrollada.
Como hemos visto, el estudio demuestra que la productividad ha aumentado exageradamente en las últimas décadas, por tanto, hemos de aprovechar esa situación para trabajar menos horas, pero trabajar más gente. Las ganancias en productividad han de repercutir en un mayor bienestar y en beneficios para quienes producen, es decir, recompensar a quienes viven de su trabajo. La jornada semanal de 30 horas sin reducción salarial por ejemplo, debería ser una exigencia y una forma clara y concisa, directa y fácilmente asimilable para incidir entre la clase trabajadora sobre las posibles soluciones. Repartir el trabajo y repartir la riqueza es un lema que ha de acompañar nuestros mensajes, pues las necesidades de mano de obra van a ir menguando todavía más a medida que la tecnología avance, pues ha sido una constante a lo largo de la historia, el denominado paro tecnológico tan bien explicitado en el libro El fin del trabajo de Jeremy Rifkin. O nos dirigimos a una sociedad donde una minoría muy cualificada esté bien remunerada y una inmensa mayoría viva de trabajos precarios, de la caridad o prestaciones sociales, o nos encaminamos a una sociedad más justa donde se aprovechen las aptitudes de cada uno y seamos todos necesarios.
Seguidamente, el fenómeno de la globalización, la interdependencia de un mercado que es mundial, global, hace que exista una mayor competencia entre países, que actúa como moderadora de los salarios, pues se compite a ver quién produce más barato.
La globalización no es el problema en este caso, simplemente, hay que procurar extender las mejores condiciones laborales a todos los rincones del planeta, de esa manera, la competencia sí será real. Mientras haya lugares donde los mínimos derechos laborales ni se respeten y la solución de los gobernantes sea precarizar para competir, este problema subsistirá.
En tercer lugar, el papel de la clase trabajadora ha decaído y el poder de negociación de los sindicatos mayoritarios está en declive, por tanto, su capacidad para negociar mejoras, en retroceso.
No hace falta comentar mucho acerca de este punto, mal que nos pese, la fuerza global de la clase trabajadora, la falta de conciencia e implicación ha facilitado esta situación, por tanto, para revertirla hay que volver a hacer partícipes a los verdaderos protagonistas de su condición, esto es, de perdedores en un mundo donde otros han ganado mucho más de la cuenta. Por tanto, y en contra de lo que muchos piensan, hace falta más sindicalismo, tal y como lo entendemos nosotros.
De nosotros depende revertir la situación, teniendo claro que quienes se opongan a nuestras propuestas lo harán exclusivamente en tanto que perjudicados, pero hay que hacer entender al conjunto de la sociedad que llevamos muchos años de pérdidas, derrotas y agresiones, por lo que es hora de rebelarse y exigir lo que es justo.
Destacados:
a raíz de la crisis, la participación del trabajo en la riqueza generada está decayendo a pasos agigantados
Las ganancias en productividad han de repercutir en un mayor bienestar y en beneficios para quienes producen
Kiko Makarro
http://www.cnt.es/periodico
DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA SALARIOS Y BENEFICIOS EN 2012-2013
La evolución de los salarios en el mundo
Salva
· Premià de Mar
A principios de diciembre se publicó el estudio de la OIT titulado Informe mundial sobre salarios 2012/2013, que hace un repaso bastante amplio sobre las tendencias de los últimos tiempos en materia salarial en el mundo. De este estudio podemos sacar una serie de conclusiones bien claras que han de hacernos meditar y analizar. La clase trabajadora ha perdido protagonismo en las últimas décadas -no solo a nivel de remuneración salarial- y por ello hemos de ser capaces de organizar y enarbolar un discurso que combata con alternativas la situación actual, dónde se ha tendido a perder capacidad de organizar y determinar el mundo laboral.
El informe hace hincapié -y bien lo sabemos nosotros como sindicalistas- que la crisis está sirviendo para acelerar aún más ese decaimiento de nuestras condiciones con rebajas de sueldo, peores condiciones, despidos cada vez más baratos y menores prestaciones sociales (paro y jubilación) o menos accesibles para la mayoría (en sanidad, copago o euro por receta). Como muestra, señalar que dentro de las economías llamadas desarrolladas en el período 2006-2011 los salarios reales han caído, debido a la unión de dos factores, su estancamiento y el aumento de precios. Si tomamos como referencia un período más amplio, del 2000-2011 vemos como la tendencia varía mucho entre continentes y países, ya que por ejemplo en el conjunto de Asia se dobló el salario promedio mensual, pero en China en particular se triplicó, lo que viene a significar un hecho de vital importancia a nivel mundial, esto es, el principio del fin de la mano de obra barata.
Queda clara pues una primera conclusión, que a raíz de la llamada crisis, la participación del trabajo en la riqueza generada está decayendo a pasos agigantados en los últimos años, y abriendo aún más la brecha entre capital y trabajo a costa de peores condiciones laborales, a todos los niveles, en todos los países. Bien sabemos que esa guerra ha sido continuada, y que las épocas de bonanza y crecimiento lo único que han conseguido es mitigar, maquillar y esconder las ansias capitalistas, que no han decaído, mientras que la combatividad, la unidad y la respuesta de la clase trabajadora ha sido tibia a nivel general. Esta tendencia va a ir en aumento tal y como muestra el estudio, por lo que hemos de ser capaces de hacer entender a los demás que quienes crean y producen riqueza somos la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras, por tanto, no sólo es lógico y razonable, sino justo que ese beneficio se distribuya de forma mucho más igualitaria y equitativa.
El primer factor de desigualdad es esa repartición entre capital y trabajo, en beneficio del primero, pues en el periodo de 1990 a 2009 en 26 de 30 países analizados de la OCDE, la presencia del factor trabajo decayó, pasando del 66 al 61%, incluso en China, que como decíamos triplicó de media sus salarios. Queda claro pues, que no es una novedad de los últimos años, sino un proceso continuado, como es fácil comprobar si atendemos a otros datos, tales como que los aumentos de productividad no han ido acompañados de aumentos proporcionales en los salarios. En Estados Unidos, desde 1980 la productividad por hora no agrícola aumentó un 90%, pero la remuneración lo hizo sólo un 26´7%, mientras que en Alemania, en el período 1990-2010 los salarios reales continuaron igual a pesar de que la productividad subiera un 22%. Según la OIT, desde 1999 en 36 países la productividad laboral promedio, aumentó en más de dos veces los salarios promedio en las economías más desarrolladas.
Otro factor que como trabajadores ha de hacernos reflexionar y que se ha venido gestando en los últimos tiempos, es la desigual distribución de estos salarios dentro de la clase trabajadora, pues si bien aquellos trabajadores más cualificados aumentaron sus remuneraciones un 7% de media, los menos cualificados bajaron un 12%, todo ello en base a un estudio realizado para 10 economías desarrolladas entre principios de los ´80 y 2005. Esta caída de la participación del trabajo sería aún mayor si quitásemos al 1% de las personas que más ingresan, lo que magnifica y da una idea aún más clara de esa desigualdad.
Esta debacle en los salarios, esta amplificación de la desigualdad en la distribución de la renta generada (tanto entre trabajadores y capitalistas como entre trabajadores más y menos cualificados) y esta pérdida de derechos laborales ha venido motivada por diversos factores a los que añadimos sus posibles soluciones.
Perspectivas, crítica y alternativas
El primero de ellos lo encontraríamos en los cambios y avances tecnológicos producidos en las últimas décadas, que han derivado en una cada vez menor necesidad de mano de obra poco cualificada, sustituida por maquinaria y tecnología más desarrollada.
Como hemos visto, el estudio demuestra que la productividad ha aumentado exageradamente en las últimas décadas, por tanto, hemos de aprovechar esa situación para trabajar menos horas, pero trabajar más gente. Las ganancias en productividad han de repercutir en un mayor bienestar y en beneficios para quienes producen, es decir, recompensar a quienes viven de su trabajo. La jornada semanal de 30 horas sin reducción salarial por ejemplo, debería ser una exigencia y una forma clara y concisa, directa y fácilmente asimilable para incidir entre la clase trabajadora sobre las posibles soluciones. Repartir el trabajo y repartir la riqueza es un lema que ha de acompañar nuestros mensajes, pues las necesidades de mano de obra van a ir menguando todavía más a medida que la tecnología avance, pues ha sido una constante a lo largo de la historia, el denominado paro tecnológico tan bien explicitado en el libro El fin del trabajo de Jeremy Rifkin. O nos dirigimos a una sociedad donde una minoría muy cualificada esté bien remunerada y una inmensa mayoría viva de trabajos precarios, de la caridad o prestaciones sociales, o nos encaminamos a una sociedad más justa donde se aprovechen las aptitudes de cada uno y seamos todos necesarios.
Seguidamente, el fenómeno de la globalización, la interdependencia de un mercado que es mundial, global, hace que exista una mayor competencia entre países, que actúa como moderadora de los salarios, pues se compite a ver quién produce más barato.
La globalización no es el problema en este caso, simplemente, hay que procurar extender las mejores condiciones laborales a todos los rincones del planeta, de esa manera, la competencia sí será real. Mientras haya lugares donde los mínimos derechos laborales ni se respeten y la solución de los gobernantes sea precarizar para competir, este problema subsistirá.
En tercer lugar, el papel de la clase trabajadora ha decaído y el poder de negociación de los sindicatos mayoritarios está en declive, por tanto, su capacidad para negociar mejoras, en retroceso.
No hace falta comentar mucho acerca de este punto, mal que nos pese, la fuerza global de la clase trabajadora, la falta de conciencia e implicación ha facilitado esta situación, por tanto, para revertirla hay que volver a hacer partícipes a los verdaderos protagonistas de su condición, esto es, de perdedores en un mundo donde otros han ganado mucho más de la cuenta. Por tanto, y en contra de lo que muchos piensan, hace falta más sindicalismo, tal y como lo entendemos nosotros.
De nosotros depende revertir la situación, teniendo claro que quienes se opongan a nuestras propuestas lo harán exclusivamente en tanto que perjudicados, pero hay que hacer entender al conjunto de la sociedad que llevamos muchos años de pérdidas, derrotas y agresiones, por lo que es hora de rebelarse y exigir lo que es justo.
Destacados:
a raíz de la crisis, la participación del trabajo en la riqueza generada está decayendo a pasos agigantados
Las ganancias en productividad han de repercutir en un mayor bienestar y en beneficios para quienes producen
Obligaciones del año nuevo [LaRataGris]
Ver en la oscuridad,
conseguir comida para mi familia,
poder seguir soñando
y ser malo.
No acatar sus retrogradas leyes.
En el capitalismo se destruyen los excedentes [LaRataGris]
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¿Es un derecho social el sistema público de Servicios Sociales? [ACCIONARTE]
PERIODICO CNT
¿Es un derecho social el sistema público de Servicios Sociales?
Podría decirse que en el marco general de los derechos humanos uno de los principales valores de referencia sería el de la igualdad de oportunidades y de trato y, consiguientemente, la no discriminación y la inclusión. Dentro de ese marco los derechos sociales subrayarían la necesidad de unos recursos y atenciones que nos debemos proporcionar recíprocamente en un determinado contexto y que se consideran especialmente protegibles.
Estos derechos vendrían a garantizar la cobertura de esas necesidades especialmente valiosas para los miembros de la colectividad.
Jurídicamente hablando los Servicios Sociales forman parte de los sistemas de protección social que desarrollan los derechos sociales. Se insertan tanto en el marco legislativo internacional como nacional, que reconoce a la población los derechos sociales universales. La selectividad o la focalización en determinados colectivos no contradicen el carácter universal de los derechos sociales, sino todo lo contrario, son un instrumento redistributivo que centra su actuación en la satisfacción de un derecho social a quienes se ven más privados de su ejercicio efectivo.
Sin embargo, en el estado español los Servicios Sociales adolecen de un marco legal general para toda la población residente, a diferencia de los sistemas sanitario y educativo y la Seguridad Social. La prestación de los Servicios Sociales básicos corresponde a las Corporaciones Locales pero las competencias de los mismos son de las Comunidades Autónomas. El Plan Concertado de Prestaciones Básicas para los Servicios Sociales de las Corporaciones Locales establece las prestaciones básicas, que serán desarrollados por las leyes de las Comunidades Autónomas, y que incluyen compromisos de gestión, económicos, de información y de asistencia técnica. Esas han sido las fuentes fundamentales para la construcción de las estructuras básicas del sistema de servicios sociales Por lo tanto, los Servicios Sociales no son derechos subjetivos reclamables judicialmente y la satisfacción de la demanda de los mismos es discrecional y se ve supeditada a que exista presupuesto.
El sistema se encuentra en plena crisis por la decisión unilateral del actual gobierno del partido popular de reducir las transferencias y dotaciones a las comunidades autónomas para su desarrollo. Según el Consejo General del Trabajo Social, el Plan Concertado para el ejercicio 2012 ha sufrido un recorte del 42,4 %, ha pasado de 86.633.150 € a 49.913.840 €. Esto ha supuesto la desaparición de 12.265 puestos de trabajo del Sistema de Servicios Sociales, la eliminación de 582 Centros y la consiguiente minoración en la prestación de servicios sociales a la población.
En el proyecto de los presupuestos generales del estado para 2014, dicho Plan Concertado tendrá una minoración adicional del 36,4%. Asimismo la dotación para la aplicación de la Ley de Dependencia sufre una minoración del 46,8%. Reducción que se añade a la sufrida en el presente año, que supuso la supresión de una partida 283.000.000 €[Pie de página].
Asistimos así al proceso de desmantelamiento de un sistema que siempre ha estado infradotado financieramente para su desarrollo, con poca capacidad de adaptación de nuevos recursos en función de las necesidades sociales emergentes y con un gran número de servicios privatizados desde los años ochenta, como pueden ser los destinados al tratamiento y rehabilitación en materia de adicciones, residencias para personas asistidas, programas de acogimiento familiar y un largo etcétera.
Para hacer efectiva la universalización de los derechos en materia de servicios sociales es necesario que exista una partida presupuestaria que garantice el acceso a los recursos necesarios y una gestión pública total y de calidad.
La atención a las dependencias
En particular, en lo relativo a la atención de las dependencias, la actual Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, en trámite parlamentario, viene a poner también en peligro el principio de proximidad de los Servicios Sociales. Pretenden con esta reforma que las administraciones locales tengan competencias exclusivamente en la atención de situaciones de riesgo social, reforzando el sentido discrecional y asistencialista de las prestaciones del sistema y con un cariz de estigmatización de la población que acuda a los servicios sociales públicos. Los presupuestos del 2014 vienen a respaldar dicha reforma, haciendo recaer la totalidad de las competencias en esta materia a las Comunidades Autonómicas, que hasta la fecha se han limitado a mantener la misma partida presupuestaria que se asignaba antes de los recortes estatales.
La Ley de Autonomía Personal y Atención a las Dependencias[Pie de página] nació con pretensiones de universalidad y de reconocimiento de derechos subjetivos, justificada en la competencia del Estado para regular las condiciones básicas en aquellas materias que guardan una relación directa o indirecta con los derechos reconocidos en la Constitución[Pie de página]. De modo que estamos ante el único derecho social subjetivo y universal junto con las pensiones no contributivas, que puede ser reclamado en instancias judiciales y que se atiende para toda la población residente en el estado español.
Se trata de la atención a personas que por diversos motivos y, a cualquier edad, puedan ver limitadas sus capacidades físicas, psíquicas y sociales en su autonomía para un desenvolvimiento independiente en la atención a sus necesidades personales, sociales o domésticas.
La ley se ha aplicado con recursos insuficientes y poco adaptados a la realidad heterogénea y cambiante en los medios urbanos y rurales, de las composiciones de las unidades de convivencia y la autonomía de sus miembros. Las plazas en residencia, el servicio de ayuda a domicilio (prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios o de Base) y el servicio de teleasistencia ya eran recursos que existían previamente a la ley. A estos se incorpora la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y la prestación económica vinculada al servicio. Esta Ley introdujo como elemento a destacar la cotización en un régimen especial de la seguridad social de las cuidadoras informales. Sin embargo, con las llamadas “medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad” se hace un recorte sustancial en la Ayuda a Domicilio y Prestaciones Económicas, dejando que sea la cuidadora quien pague la cotización mensual que se convierte en el 50% aproximadamente de la cuantía de la prestación[Pie de página] que percibe la persona dependiente, no la cuidadora.
Así, con la reducción drástica de la financiación estatal del sistema de dependencia y con el recorte en la cartera de servicios y endurecimiento en el baremo para la valoración de dependencia, han paralizado la incorporación de nuevas personas dependientes al sistema. En Andalucía, por ejemplo, la administración autonómica no resuelve expedientes desde julio de 2012, excepto en casos relacionados con la protección del mayor por motivos de maltrato o desamparo que requieran ingreso en Residencia.
Estamos ante una parte de la población poco organizada y que no se está movilizando para reivindicar sus derechos sociales, que nunca ha contado con un derecho subjetivo relacionado con los cuidados y que cubría históricamente sus necesidades con la familia, fundamentalmente la mujer.
Con más de 6 millones de personas sin empleo, son los sistemas públicos de protección social los que han de mantenerse y dotarse económicamente para, precisamente, minimizar los efectos de la crisis. La educación, la sanidad, los servicios sociales y la seguridad social forman parte de un entramado redistributivo de nuestra sociedad, que nos ha de igualar y que ha de compensar las perversiones de un sistema capitalista excluyente. La solidaridad entre iguales y las situaciones personales, familiares y sociales de desamparo han de tener una respuesta organizada y colectiva en una sociedad que se defina justa, igualitaria y horizontal.
La constante privatización de estos servicios, que han de ser públicos, la pérdida de empleos y el deterioro de la calidad de la prestación de los mismos requieren de la organización y reivindicación permanentes en este ámbito. Debemos exigir no sólo los derechos que tenemos reconocidos sino qué sistema queremos y cómo lo queremos. Los Servicios Sociales públicos deben ser universales y reclamables, para no generar indefensión. Por todo esto, incorporar el sistema público de servicios sociales como un elemento en la defensa de los derechos sociales conseguidos se hace necesario hoy más que nunca.
¿Es un derecho social el sistema público de Servicios Sociales?
Podría decirse que en el marco general de los derechos humanos uno de los principales valores de referencia sería el de la igualdad de oportunidades y de trato y, consiguientemente, la no discriminación y la inclusión. Dentro de ese marco los derechos sociales subrayarían la necesidad de unos recursos y atenciones que nos debemos proporcionar recíprocamente en un determinado contexto y que se consideran especialmente protegibles.
Estos derechos vendrían a garantizar la cobertura de esas necesidades especialmente valiosas para los miembros de la colectividad.
Jurídicamente hablando los Servicios Sociales forman parte de los sistemas de protección social que desarrollan los derechos sociales. Se insertan tanto en el marco legislativo internacional como nacional, que reconoce a la población los derechos sociales universales. La selectividad o la focalización en determinados colectivos no contradicen el carácter universal de los derechos sociales, sino todo lo contrario, son un instrumento redistributivo que centra su actuación en la satisfacción de un derecho social a quienes se ven más privados de su ejercicio efectivo.
Sin embargo, en el estado español los Servicios Sociales adolecen de un marco legal general para toda la población residente, a diferencia de los sistemas sanitario y educativo y la Seguridad Social. La prestación de los Servicios Sociales básicos corresponde a las Corporaciones Locales pero las competencias de los mismos son de las Comunidades Autónomas. El Plan Concertado de Prestaciones Básicas para los Servicios Sociales de las Corporaciones Locales establece las prestaciones básicas, que serán desarrollados por las leyes de las Comunidades Autónomas, y que incluyen compromisos de gestión, económicos, de información y de asistencia técnica. Esas han sido las fuentes fundamentales para la construcción de las estructuras básicas del sistema de servicios sociales Por lo tanto, los Servicios Sociales no son derechos subjetivos reclamables judicialmente y la satisfacción de la demanda de los mismos es discrecional y se ve supeditada a que exista presupuesto.
El sistema se encuentra en plena crisis por la decisión unilateral del actual gobierno del partido popular de reducir las transferencias y dotaciones a las comunidades autónomas para su desarrollo. Según el Consejo General del Trabajo Social, el Plan Concertado para el ejercicio 2012 ha sufrido un recorte del 42,4 %, ha pasado de 86.633.150 € a 49.913.840 €. Esto ha supuesto la desaparición de 12.265 puestos de trabajo del Sistema de Servicios Sociales, la eliminación de 582 Centros y la consiguiente minoración en la prestación de servicios sociales a la población.
En el proyecto de los presupuestos generales del estado para 2014, dicho Plan Concertado tendrá una minoración adicional del 36,4%. Asimismo la dotación para la aplicación de la Ley de Dependencia sufre una minoración del 46,8%. Reducción que se añade a la sufrida en el presente año, que supuso la supresión de una partida 283.000.000 €[Pie de página].
Asistimos así al proceso de desmantelamiento de un sistema que siempre ha estado infradotado financieramente para su desarrollo, con poca capacidad de adaptación de nuevos recursos en función de las necesidades sociales emergentes y con un gran número de servicios privatizados desde los años ochenta, como pueden ser los destinados al tratamiento y rehabilitación en materia de adicciones, residencias para personas asistidas, programas de acogimiento familiar y un largo etcétera.
Para hacer efectiva la universalización de los derechos en materia de servicios sociales es necesario que exista una partida presupuestaria que garantice el acceso a los recursos necesarios y una gestión pública total y de calidad.
La atención a las dependencias
En particular, en lo relativo a la atención de las dependencias, la actual Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, en trámite parlamentario, viene a poner también en peligro el principio de proximidad de los Servicios Sociales. Pretenden con esta reforma que las administraciones locales tengan competencias exclusivamente en la atención de situaciones de riesgo social, reforzando el sentido discrecional y asistencialista de las prestaciones del sistema y con un cariz de estigmatización de la población que acuda a los servicios sociales públicos. Los presupuestos del 2014 vienen a respaldar dicha reforma, haciendo recaer la totalidad de las competencias en esta materia a las Comunidades Autonómicas, que hasta la fecha se han limitado a mantener la misma partida presupuestaria que se asignaba antes de los recortes estatales.
La Ley de Autonomía Personal y Atención a las Dependencias[Pie de página] nació con pretensiones de universalidad y de reconocimiento de derechos subjetivos, justificada en la competencia del Estado para regular las condiciones básicas en aquellas materias que guardan una relación directa o indirecta con los derechos reconocidos en la Constitución[Pie de página]. De modo que estamos ante el único derecho social subjetivo y universal junto con las pensiones no contributivas, que puede ser reclamado en instancias judiciales y que se atiende para toda la población residente en el estado español.
Se trata de la atención a personas que por diversos motivos y, a cualquier edad, puedan ver limitadas sus capacidades físicas, psíquicas y sociales en su autonomía para un desenvolvimiento independiente en la atención a sus necesidades personales, sociales o domésticas.
La ley se ha aplicado con recursos insuficientes y poco adaptados a la realidad heterogénea y cambiante en los medios urbanos y rurales, de las composiciones de las unidades de convivencia y la autonomía de sus miembros. Las plazas en residencia, el servicio de ayuda a domicilio (prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios o de Base) y el servicio de teleasistencia ya eran recursos que existían previamente a la ley. A estos se incorpora la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y la prestación económica vinculada al servicio. Esta Ley introdujo como elemento a destacar la cotización en un régimen especial de la seguridad social de las cuidadoras informales. Sin embargo, con las llamadas “medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad” se hace un recorte sustancial en la Ayuda a Domicilio y Prestaciones Económicas, dejando que sea la cuidadora quien pague la cotización mensual que se convierte en el 50% aproximadamente de la cuantía de la prestación[Pie de página] que percibe la persona dependiente, no la cuidadora.
Así, con la reducción drástica de la financiación estatal del sistema de dependencia y con el recorte en la cartera de servicios y endurecimiento en el baremo para la valoración de dependencia, han paralizado la incorporación de nuevas personas dependientes al sistema. En Andalucía, por ejemplo, la administración autonómica no resuelve expedientes desde julio de 2012, excepto en casos relacionados con la protección del mayor por motivos de maltrato o desamparo que requieran ingreso en Residencia.
Estamos ante una parte de la población poco organizada y que no se está movilizando para reivindicar sus derechos sociales, que nunca ha contado con un derecho subjetivo relacionado con los cuidados y que cubría históricamente sus necesidades con la familia, fundamentalmente la mujer.
Con más de 6 millones de personas sin empleo, son los sistemas públicos de protección social los que han de mantenerse y dotarse económicamente para, precisamente, minimizar los efectos de la crisis. La educación, la sanidad, los servicios sociales y la seguridad social forman parte de un entramado redistributivo de nuestra sociedad, que nos ha de igualar y que ha de compensar las perversiones de un sistema capitalista excluyente. La solidaridad entre iguales y las situaciones personales, familiares y sociales de desamparo han de tener una respuesta organizada y colectiva en una sociedad que se defina justa, igualitaria y horizontal.
La constante privatización de estos servicios, que han de ser públicos, la pérdida de empleos y el deterioro de la calidad de la prestación de los mismos requieren de la organización y reivindicación permanentes en este ámbito. Debemos exigir no sólo los derechos que tenemos reconocidos sino qué sistema queremos y cómo lo queremos. Los Servicios Sociales públicos deben ser universales y reclamables, para no generar indefensión. Por todo esto, incorporar el sistema público de servicios sociales como un elemento en la defensa de los derechos sociales conseguidos se hace necesario hoy más que nunca.
Sin fortunas del metro. [LaRataGris]
De la exposición colectiva: "La delgada línea roja"
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Modelo educativo, estructura laboral y luchas sociales. Pequeña historia de una relación [KIKO MAKARRO]
El capitalismo no es, el capitalismo sucede, es decir, ha sucedido y sigue sucediendo. ¿Qué queremos decir con eso? Que no existe un capitalismo a-histórico, esencial, desvinculado de sus manifestaciones contingentes y reales en momentos concretos, en los que se dibujan relaciones de fuerza temporales y efectivas. JOSÉ LUIS CARRETERO MIRAMAR MIEMBRO DE ICEA
Y aquí va mi último garabato a todo color que podreis ver en las páginas del último periódico CNT correspondiente a este mes.
Promesas rotas [LaRataGris]
Dijeron que usaríamos billetes de quinientos como posavasos
para que tuviéramos sueños de lo que nunca sería nuestro.
J.E.T.A. [Kiko Makarro]
Los servicios sanitarios públicos quedan abolidos, inauguraremos más comisarias, ciudades judiciales y macroprisiones, no habrá más prestación por desempleo ni jubilación, construiremos más zulos de protección oficial, las ETT's se encargarán de las oficinas del INEM, pondremos cámaras de videovigilancia en los váteres para acabar con la delincuencia, nueva inyección de divisas a los bancos, y además UN RESCATE BANCARIO.
Este ha sido el parte y asi se lo hemos contado.
¡¡¡GORA CRISIS ASKATASUNA ASKATADOS Y ASKADETRES!!!!
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